Con un puñado de manifestantes frente al palacio del Congreso, el Senado debate desde la tarde la ley de reforma judicial que multiplica los tribunales de la Ciudad y el interior del país pero para Cambiemos no es otra cosa que un intento de controlar a los jueces y lograr la impunidad para Cristina Kirchner y sus ex funcionarios. 

La senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun fue la encargada de defender el proyecto en el recinto remoto y confirmó que se mantendrá la cláusula que obliga a los jueces a informar al Consejo de la Magistratura presiones de los medios de comunicación. 

"Yo entiendo que estaba incluida, porque hablaba de poder político y económico a la hora de generar presión a los jueces. Es para salvaguardar los intereses de la sociedad y del Estado de derecho", señaló la santafesina, que de todos modos avaló sumarlos en forma expresa, como planteó su compañero de bloque Oscar Parrilli.

"Los jueces deben ser independientes del poder económico y del poder mediático, que está incluido en el poder económico. No estamos hablando de periodistas que puedan escribir una nota de opinión; sino de un poder económico que se da de bruces con la libertad de expresión". 

Fotografía HCSN

"Quieren hacer parecer al poder mediático con la libertad de expresión; y justamente la concentración de los medios es la que vulnera la libertad de expresión, no solamente en Argentina, sino en el mundo", se defendió Sacnun.

La santafesina dedicó la primera parte de su discurso a atacar la gestión de Mauricio Macri en la justicia. "Se instaló una 'mesa judicial', como si fuera un órgano extrapoder creado por la Constitución. Recuerdo artículos periodísticos naturalizándola, dando cuenta que desde esa mesa se planteaba ir por un juez por el sentido de una sentencia". 

 "Asistimos a un verdadero escándalo donde agentes orgánicos e inorgánicos de la AFI, fiscales, jueces y periodistas formaron parte de un esquema para perseguir opositores. Esto es el 'lawfare', la guerra judicial", denunció.

Y al igual que Cristina Kirchner, sostuvo que la ley es sólo una parte de la reforma judicial que necesita el país. El proyecto multiplica de 12 a 46 los juzgados federales criminales de Comodoro Py, al fusionarlos con los penales económicos. Y se crean otros 23 fiscalías para empardar con los nuevos jueces, que para la oposición son escasas porque el sistema acusatorio le dará más poder en la investigación. 

Lo senadores no aceptaron la fusión de los fueros civiles y comerciales con el contencioso administrativo de la Ciudad, que venía en el proyecto; y optaron por un tribunal encargado de definir los conflictos de competencia. El texto original creaba 94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorias en el interior del país, pero los senadores las multiplicaron. 

"El proyecto creaba 279 cargos, pero después en el despacho que firmó el oficialismo se establece que serán creados 908 cargos. Apareció milagrosamente este festival de cargos, que seguramente han estado negociando con aquellos que esperan voten a favor el proyecto en la Cámara de Diputados. Demanda un gasto de 6 mil millones y no tiene sentido porque con el sistema acusatorio la mitad de la causas llegan a las Cámaras", denunció la macrista Laura Rodríguez Machado. 

La cordobesa definió la ley como parte de un plan más amplio para controlar la justicia y termina con cambios en la Corte y en el Ministerio Público. Y sostuvo que si bien el proyecto sostiene las causas en sus jueces naturales, pero si no comunican a  la Magistratura la supuesta presión mediática "podrían ser acusado por mal desempeño y sacados por el sólo hecho de no delatar periodistas". 

Cuestionó además el sistema de subrogantes que permitirá cubrir cargos por un año hasta que elijan y lo comparó con los implementados en los gobiernos del peruano Alberto Fujimori y el venezolano Hugo Chávez.  "Es increíble que los que avalaron que hayan ingresado jueces sin el acuerdo del Senado levanten las voz por las subrogancias", se había anticipado Sacnun. 

La santafesina también había destacado que esos nuevos jueces serán elegidos en un examen escrito anónimo y la entrevista final no podrá ser decisiva; como también que los sorteos para distribuir las causas serán grabados, una de las modificaciones realizadas en el debate en comisión.  

"En ningún país del mundo se crearon juzgados una vez que ya se decidió ir hacia el sistema acusatorio. Acá estamos yendo a contramano de esa reforma y ahí surgen las dudas, y de las dudas surgen las sospechas, ¿de dónde surge este proyecto?", cuestionó Esteban Bullrich, del PRO.